Desde el 13 de marzo las empresas están obligadas a poner en marcha un canal de denuncias, ya que entra en vigor la Ley 2/2023 de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción en el seno de su empresa o administración pública.
Esta ley establece las normas para asegurar la privacidad de la denuncia y protección de los denunciantes, contra los que la ley prohíbe expresamente cualquier tipo de represalia.
Están obligadas a implantarlo las empresas de más de 50 trabajadores, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley y pueden ser sancionadas por incumplimiento o por tomar represalias contra los denunciantes, con multas que van desde los 1.001 euros hasta el millón, además podrían ser amonestadas, quedar excluidas durante tres años de la contratación pública, dejar de recibir subvenciones o beneficios fiscales durante un plazo máximo de 4 años.about:blank
Compromiso con la ética empresarial
Esta herramienta sirve para que trabajadores, proveedores, clientes y resto de personas que se relacionan con la empresa, comuniquen incidencias e irregularidades en relación con el incumplimiento tanto de la normativa interna (Código de Ético) como externa y se observa como una oportunidad de mejora en la empresa que beneficiará a toda la organización.
Aunque de momento la obligación sólo afecte a este perfil de empresas, son muchas las que ya lo están implementando como parte de su compromiso con la Ética Empresarial ya que actúan según principios, valores y normas internas que definen su propio Código Ético.
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